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AUTO 641/1985 ECLI:ES:TC:1985:641A Generato dall'IA

Constitutional Court declares a negative competence conflict regarding state versus regional liability for vehicle damage.

Numero d'incarto AUTO 641/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Spagna (ES)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
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Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the negative competence conflict filed by a lawyer for a vehicle owner admissible. The owner claimed damages from the State and the Catalan Government after his car was damaged by uncontrolled groups, but both authorities denied liability or failed to respond within the legal timeframe. The Court ruled that the procedural requirements for filing the conflict were met due to the State's silence, thereby initiating the process to determine jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69.2 LOTC; Art. 107 CE: When an administrative body fails to decide on a claim within the statutory period, the Constitutional Court may declare a negative competence conflict to determine whether state or regional authority is responsible.

Parole chiave

Generato dall'IA
negative competence conflict state administrative liability regional government responsibility procedural silence vehicle damage indemnity responsabilità per incidente stradale risarcimento alle vittime di reati indennità assicurativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 68 LOTC
Por otra parte, y de lo que resulta de la demanda y copias con ella presentadas, la Administración Pública, ante la demanda formulada, no ha efectuado contestación alguna, habiendo transcurrido desde la formulación de tal reclamación el plazo establecido en el art. 68 de la LOTC, en sus apartados 1 y 2.
Art. 69.2 LOTC
Art. 107 CE
art. 68 de la LOTC
Por otra parte, y de lo que resulta de la demanda y copias con ella presentadas, la Administración Pública, ante la demanda formulada, no ha efectuado contestación alguna, habiendo transcurrido desde la formulación de tal reclamación el plazo establecido en el art. 68 de la LOTC, en sus apartados 1 y 2.
Generato dall'IA
AUTO 891/1985
Constitutional Court dismisses negative competence conflict as extinguished by State's admission of jurisdiction.
AUTO 642/1985
Tribunal Constitucional declares negative competence conflict filed due to administrative silence on state vs regional jurisdiction.
AUTO 892/1985
Constitutional court dismisses negative competence conflict when one administration admits its jurisdiction via conduct.
AUTO 697/1987
Constitutional Court dismisses appeal due to procedural timeliness failure and lack of content justification.
AUTO 1151/1988
Insurance company's amparo appeal dismissed for lack of standing regarding another's criminal innocence.

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Testo completo

Pleno. Auto 641/1985, de 26 de septiembre de 1985. Conflicto negativo de competencia 789/1985. Declarando planteado el conflicto negativo de competencia 789/1985

El Pleno del Tribunal Constitucional, en su reunión del día de hoy y en el asunto referenciado, ha acordado el siguiente

AUTO

I. Antecedentes

Único.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de agosto de 1985, el Procurador don Juan Corujo López Villamil, en representación de don Andrés Medina Fernández, suscita conflicto negativo de competencia, solicitando al Tribunal dicte Sentencia decidiendo a qué Administración corresponde conocer de la reclamación de indemnización deducida por daños por el demandante.

Expone al efecto que habiendo sufrido diversos desperfectos, debido a la agresión de grupos o piquetes incontrolados, un vehículo propiedad de don Andrés Medina Fernández, éste dirigió escrito de reclamación de indemnización por tales desperfectos al Ministerio del Interior y a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esta última, por resolución de 18 de abril de 1985, denegó tal reclamación, de lo que el demandante dio cuenta al Ministerio del Interior. Seguidamente, el mismo demandante recurrió en reposición ante la autoridad autonómica, que desestimó el recurso.

Ante tal desestimación, don Andrés Medina Fernández, con fecha 7 de mayo de 1985, se dirigió de nuevo al Ministerio del Interior, solicitando dictase la pertinente resolución, sin que recibiese contestación alguna por parte de la Administración del Estado.

Por todo ello solicita al Tribunal dice Sentencia decidiendo a qué Administración, estatal o autonómica, corresponde conocer de la reclamación de que se trata. Acompaña a su escrito fotocopias de los escritos cursados a los organismos central y autonómico, y de las respuestas de ellos recibidas.

II. Fundamentos jurídicos

Único.

De los documentos que se acompañan al escrito de demanda se desprende que el Departamento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña no accedió a adoptar medida alguna en relación con la indemnización solicitada por el demandante, por considerar que, dado que el desarrollo de la Policía autonómica se encuentra en una fase inicial, la Administración del Estado asume el mantenimiento del orden público en general, por lo que no corresponde a la Generalidad ningún tipo de responsabilidad derivada de los hechos por los que la indemnización se solicita, responsabilidad que corresponde a las instancias estatales.

Por otra parte, y de lo que resulta de la demanda y copias con ella presentadas, la Administración Pública, ante la demanda formulada, no ha efectuado contestación alguna, habiendo transcurrido desde la formulación de tal reclamación el plazo establecido en el art. 68 de la LOTC, en sus apartados 1 y 2. Cabe entender por tanto que se dan los presupuestos procesales exigidos por la Ley mencionada para el planteamiento del conflicto negativo de competencia, al no haber pronunciado la Administración del Estado decisión afirmativa de su competencia en el plazo señalado.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69, apartado, 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal declara planteado el conflicto negativo de competencia a que estos autos se refieren, dándose inmediato traslado

de la presente resolución al solicitante, mediante su Procurador, y a las Administraciones implicadas, fijando el plazo común de un mes para que aleguen cuanto estimen conducente a la solución del conflicto planteado.

Madrid, a veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.